Repudio al fallo de la Cámara Federal de Mendoza contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Un paso atrás para la democracia
Repudiamos firmemente el fallo de la Cámara Federal de Mendoza contra la Ley de Servicios Audiovisuales aprobada por el Congreso de la Nación en octubre del año pasado.
La suspensión de la nueva normativa y el retorno a la vigencia de la vieja ley última dictadura militar, a sólo horas del 34º aniversario del trágico golpe de 1976, es un paso atrás para la democracia.
El fallo en cuestión es un avance alarmante sobre los mecanismos de formación de leyes en nuestro país impulsado por jueces que están denunciados ante el Consejo de la Magistratura por su actuación y cercano vínculo con el terrorismo de Estado.
Consideramos legítimo y válido el proceso de construcción y aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –elogiada por el relator de libertad de expresión de la ONU, Frank LaRue)–. Más allá del último tramo tratamiento parlamentario, la normativa que respaldamos fue fruto de un camino de participación colectiva y debate público inédito en nuestro país y en América Latina. Un recorrido de 26 años llevado adelante por organizaciones y movimientos sociales, organismos de derechos humanos, medios comunitarios, universidades, sindicatos, cooperativas, iglesias, intelectuales y profesionales de la comunicación y el derecho, referenciados en los últimos 5 años Coalición por una Comunicación Democrática.
Confirmamos la adecuación de la nueva ley a la Constitución Nacional y a los estándares internacionales en materia expresión. Reconociendo, además, que se trata de una normativa de avanzada en la materia. Adjuntamos el documento que fundamenta estas afirmaciones, elaborado junto con más de veinte instituciones y presentado recientemente a la justicia federal de Salta.
Sostenemos en ese sentido que la ley 26.522, aprobada democráticamente en octubre de 2009 y ahora puesta en suspenso, es una gran oportunidad para la ciudadanía argentina: Un salto cualitativo en cuanto a pluralismo, democratización y federalización de la comunicación; a la vez que una posibilidad para la generación de trabajo en torno a medios de comunicación y producción de contenidos en todas las provincias del país.
En la espera de una resolución de la Suprema Corte de Justicia al respecto, invitamos a pronunciarse públicamente y movilizarse en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y a hacerlo por lo que significa para la democracia y para el derecho a la comunicación de la población. Quienes se oponen a la nueva ley prefieren la vigencia de la ley de la dictadura lo hacen por lo cambiar este marco significaría para sus intereses políticos y económicos. Prefieren mantener el orden establecido, evitar que se modifique algo que se presenta como natural e incuestionable. No se trata de una batalla entre el gobierno y los grandes medios, ni un intento macabro de censura contra la “libertad de prensa”. Muchas frases hechas y “lugares comunes” que circulan en distintos ámbitos corren el eje de la cuestión y abortan de raíz toda chance de ver lo que está en juego: La posibilidad de una más y mejor distribución de la palabra y el poder en la sociedad, la oportunidad para que las mayorías, las personas comunes, los trabajadores de la Argentina, puedan ser protagonistas y no solo espectadores de la comunicación.
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