Información adicional (3) feb. Conflicto en la editorial colihue‏

Boletín Electrónico Vender+Libros
Año X N° 1339 ISSN 1667-9296
San Martín, 3 de febrero de 2010
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El conflicto en Ediciones Colihue
A los colegas, clientes, proveedores, autores y a nuestros amigos
del gremio y del país

Pegarle a Narvaja, pegarle a Colihue,
o cómo destruir una empresa con casi
30 años en el mercado editorial argentino

Los conflictos de los que Colihue ha sido involuntaria protagonista,
y que han atestado los foros y redes sociales de calumnias
magnificadas por la impunidad que crea Internet, me obligan a dar
mi versión de los hechos.
Contrariamente a lo que se ha difundido, Ediciones Colihue no
tiene deudas previsionales ni tributarias; todos los empleados
están, y han estado siempre, en regla y se han reconocido todos
los aumentos salariales dispuestos por los convenios colectivos.
Uno de los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio
que encabezaron el conflicto y a quienes hemos denunciado
penal y civilmente por los graves hechos en perjuicio de mi grupo
familiar y de Colihue, Sergio Ismael Ortiz, reconoció que la
empresa está entre las primeras 500 (de entre las 33.000 sobre
las que ejerce jurisdicción el SEC) por el cumplimiento de sus
obligaciones laborales y previsionales.
En agosto de 2009 no puse reparos a la designación del
delegado de la empresa, Marcelo Catenacio, como expresión
de la voluntad de los empleados, alentando a todos los que me
preguntaron a participar, incluido mi hijo. Pensar algo distinto
sería desconocerme y cuestionar mis más elementales
convicciones. Sin embargo, a los diez días de esta elección se
inició un proceso desmesurado, sin motivos que lo justificaran,
que sólo puede explicarse ahora, a la luz de lo sucedido, como
una neta provocación. El despido "sin causa" de una empleada,
de reconocida ineficiencia (quien ha percibido las indemnizaciones
legales hace ya varias semanas) y muy posteriormente (luego de
una conciliación obligatoria que cerró con la satisfacción de las
partes), de un empleado, autor de reiteradas insolencias con la
gerencia administrativa, fue la excusa para iniciar la fase más
aguda de la protesta bajo la dirección del delegado y a posteriori
de haberse cerrado la conciliación obligatoria por acuerdo de
partes. Los despidos por el art. 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo (sin causa) son atribuciones reconocidas del empleador
(quien tiene a su cargo la dirección y organización del trabajo)
quien debe poner a disposición del empleado certificados de
trabajo e indemnización, obligaciones que se cumplieron.
Aunque en otras oportunidades evité asumir ese tipo de medidas,
muchas veces a contramano de toda lógica, decidí hacerlo esta
vez para imponer los criterios de equidad y orden jerárquico
indispensables para el trabajo. Más allá de los acuerdos
alcanzados y tomando como bandera el despido ya detallado,
un grupo de diez empleados decidió una huelga por tiempo
indeterminado "en defensa de los trabajadores despedidos",
iniciando el 14 de diciembre un "campamento" a la entrada de
la editorial.
Los reclamos que habían llevado a la primera conciliación
obligatoria eran tan insustanciales que la misma se cerró,
con el aval de las partes, sin reconocimiento por nuestra parte
de "hechos ni de derecho", sin retroactividad alguna, concediendo
ajustes que significaron entre un 0,5% y un 3% de los salarios
en unos pocos casos, ya que involucraba a los empleados con
más antigüedad, los cuales cobraban básicos superiores al
convenio en más de un 30%.
El grupo que siguió al delegado Catenacio es heterogéneo.
A empleados sin mayor identificación con la empresa,
eternamente disconformes, con una amplia foja de faltazos
(alrededor de 20 faltas anuales por "inconvenientes de salud"
en la mayoría de los casos), se sumaron algunas personas
que gozaban de mi confianza y que tenían responsabilidad en
la editorial. Me he preguntado los motivos de este rejunte. Tal
vez la jornada laboral de una oficina suscite frustraciones,
resentimientos, competencias que subestimé. Supongo que
también agrava la cosa el lugar del gerente y dueño principal de
una PyME de este país, que no puede darse el lujo de ser el
rentista de los estereotipos de cierta izquierda, sino que debe
convivir y trabajar junto con sus empleados en condiciones que
a veces son de tensión. Nada puede sin embargo explicar los
niveles de odio que todos los protagonistas del conflicto
demostraron no sólo hacia mi persona, sino hacia los
compañeros de trabajo que permanecieron en sus puestos
(que son más de dos tercios de los que lo hacían antes del
inicio del conflicto). La agresividad de esta disputa, estimulada
y potenciada por la participación de la patota sindical, manejada
por el sindicato tal vez más colaboracionista, que negocia con
las grandes patronales pero, como alguna tiene que ganar, no
duda por lo que se vio en apretar PyMEs, y luego, por el PTS
y el MST de Vilma Ripoll, con su prensa de cuarta, decadentes
y dispuestos a cualquier canallada. Todo un extraño maridaje
entre la "puta burocracia" y la "zurda loca" según se llaman
mutuamente.
Reseño sólo los momentos más álgidos del conflicto. Desde
el día 14 de diciembre diez empleados (9 de Colihue y 1 de
Del Sol que trabajaba en Colihue) se niegan a ingresar al
trabajo en solidaridad con el despedido el 12/12/09 y,
acompañados por este y por el delegado Marcelo Catenacio,
realizan una suerte de campamento con carteles y entrega de
volantes, reclamando la reincorporación del despedido por el
art. 245 del LCT, el cese de las "vejaciones" y de la "persecución
gremial" (?). Son acompañados de a ratos por algunos
dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio, Capital
Federal, entre los que "se destacan" Sergio Ismael Ortiz y
Jorge López. El día 17 de diciembre, dado que la empresa mal
que mal seguía a los tumbos trabajando, deciden cambiar el
"método". Comienza aquí el apriete destinado a rendirnos y el
momento donde el conflicto adquiere dimensiones deplorables:
a) por la mañana, los empleados en conflicto y su delegado
habían repartido volantes, firmados por el Sindicato de Empleados
de Comercio, y pegado carteles en mi casa y en las cuadras
adyacentes. "Basta de vejaciones", decían entre otras perlas y
me convertían en el objeto de un "escrache" ante los vecinos,
procedimiento que, en 27 años de democracia, sólo estuvo
destinado a genocidas, y aun así con límites; b) a media mañana,
comienzan los empleados en conflicto a pintar con pincel y sintético
negro parte del frente y del edificio en que están nuestros locales
(una torre de propiedad horizontal) y reparten volantes a los
transeúntes. Se incrementan los bombos y demás instrumentos
que superan en número a las personas. Ante el comienzo de los
daños me cruzo a la Comisaría 11ª, frente a nuestro local, y
efectúo la denuncia penal correspondiente, la que queda radicada
en la Fiscalía Penal y Contravencional Nº12 de la C.A.B.A.;
c) pasado el mediodía un grupo de 60 ó 70 individuos, ajenos por
completo a la empresa e incluso al gremio, por lo que se vio,
llegan con bombos y carteles del SEC-Capital, "con los dirigentes
a la cabeza" Sergio I. Ortiz y J. López y se mezclan en dulce
comunión con los empleados en conflicto que los reciben
alborozados. Me agreden a mi y a la escribana que había
convocado al notar el cariz de los acontecimientos para dejar
constancia de los hechos (el dirigente sindical Sergio Ismael Ortiz
me puteó, pegado a mi oreja, mientras los otros me rodeaban
y pateaban), pintaron la calle, la vereda, el frente del edificio y
de la empresa: "Narvaja negrero, hijo de puta, matón"; "No sos
progre, no sos monto, sos repatrón", etc. Junto a estas pintadas
dejaron las suyas propias, la marca de su procedencia de alquiler:
"Aguante Merlo", "Merlo Norte" y el escudito de Deportivo Merlo.
Tal como quedó documentado en el noticiero de Crónica TV,
convocado por los empleados en conflicto, que es prueba
contundente de los sucesos de ese día, la horda de
manifestantes se colgó de la cortina metálica del local
y pretendió entrar a la empresa (no pudo hacerlo porque un
candado de la cortina, sujeto al piso, resistió) donde el resto
del personal, la mayoría, permanecía dentro, angustiado.
La cortina quedó destruida y todo el frente dañado por lo que
hemos debido pagar los gastos al consorcio. A partir de esos
acontecimientos di impulso a las actuaciones penales
correspondientes y fueron despedidos con causa (art. 242
LCT, injurias graves) el 21/12/09 los 10 empleados involucrados
(se exceptúa al delegado que goza de fueros especiales y
respecto del cual tramitaremos el desafuero ampliamente
"merecido"). La protesta recrudeció (impidiéndonos trabajar con
normalidad en las Fiestas, obstaculizando el servicio de
novedades, etc.), las injurias se multiplicaron favorecidas por
Facebook, por los comunicados del delegado, los "testimonios"
mentirosos de los participantes, y por sitios que aprovecharon
mi militancia en Carta Abierta para "demostrar" las supuestas
"paradojas del poder" y la "doble moral" de los que llaman
"intelectuales oficialistas". Esta fue, desde el inicio, desde los
primeros volantes, la línea argumentativa: destruirme por la
supuesta contradicción entre las ideas que defiendo y mi
supuesto carácter de negrero, explotador, etc. En esto no se
diferenciaba el sindicato y la izquierda del PTS, MST, etc.
que les hicieron la posta, todo con el acompañamiento y el
alborozo de los ya ex empleados. Clarín lo sintetizó titulando:
"Las dos caras de un empresario K".
El martes 29/12/2009, los ex empleados hicieron la pantomima
de encadenarse a la cortina metálica de la editorial. En realidad
se cruzaron una cadena por el pecho y se apoyaron contra ésta,
tal vez por temor a que "el ogro" prendiera el motor eléctrico de
la misma y los dejara colgados del marco. Lo hicieron con la
cariñosa colaboración de miembros del sindicato, los infaltables
Ortiz y López entre ellos, y militantes de la izquierda. Cuando
los empleados de la editorial intentaron sacar el reparto por la
puerta del depósito, que se utiliza como puerta de emergencia,
esto fue impedido lo que motivó una nueva intervención de la
policía a pedido de la empresa y una nueva denuncia radicada
también en la Fiscalía Nº 12 por violación al art. 57 del Código
Contravencional.
La conciliación obligatoria, dictada a última hora del 30 de
diciembre por el Ministerio de Trabajo sin nuestra participación,
porque se nos citó en forma ilegal como denunciamos (fuimos
notificados formalmente recién el 8 de enero de 2010), implicaba
retrotraer la situación al inicio del conflicto y por lo tanto permitir
el ingreso de los ex empleados que habían llegado a niveles de
violencia inusitada. Tal situación era resistida por mí y por los
mismos empleados de la empresa que habían sido objeto de
distintas agresiones por parte de sus ex compañeros. Por lo
demás, la empresa había denunciado a los dirigentes y al
sindicato, había presentado las copias y evidencias que
habilitaban la denuncia penal, todo esto ante el Ministerio de
Trabajo, por lo que la conciliación obligatoria no procedía debido
a la gravedad de los hechos delictivos que configuraban una
auténtica "coacción extorsiva". La empresa abonó a los
despedidos los sueldos, aguinaldos, vacaciones, etc. y entregó
los correspondientes certificados laborales. El cierre por
vacaciones de la editorial, notificado noventa días antes al
personal, obligó a un impasse que tornó abstracta la cuestión
de la reincorporación, y entonces las injurias y provocaciones
continuaron vía Internet.
El día 25 de enero de 2010, fecha de reapertura de la empresa
y comienzo de los últimos cinco días de una extensión final de
la conciliación obligatoria, manifiestamente ilegal porque la ley
sólo la permite cuando las partes están próximas a un acuerdo,
decidida contra nuestra protesta expresada en recursos
administrativos, fuimos literalmente golpeados y empujados yo
y mi hijo que me acompañaba. Nos agarraron de cuello y piernas
dos personas que lograron colarse mientras desactivaba la
alarma y una especie de "scrum" de militantes del MST y
despedidos dio como resultado que siete ex empleados entraran
por la fuerza en el local y se instalaran en él, luego de habernos
golpeado y herido, lo que dio lugar a una nueva denuncia por
lesiones (constatadas por la División de Medicina Legal de la
Policía Federal) y usurpación. Esto ocurrió mientras una
desbocada Vilma Ripoll vociferaba junto a un grupo de militantes
del MST de Filosofía y Letras en la puerta de la editorial, con
agravios que incluyeron afirmaciones de tipo sexual a empleados
y empleadas que ingresaban a trabajar. Frente a la ocupación
de la empresa, luego de la denuncia en sede policial, solicité
la intervención de la Fiscalía Nº 4 que dispuso la custodia
policial; la misma debía impedir el ingreso de personas ajenas
a la editorial y, en caso de que los ocupantes decidieran salir,
no dejarlos reingresar. Durante esa semana tórrida, dormí junto
con mi hijo Fabián sobre cajas, compartiendo la estancia con
los ocupantes que multiplicaron sus provocaciones. Es increíble
la degradación periodística del diario La Nación (soy lector
desde hace años) que inicia su artículo del viernes 29/01/10,
que firma Marcelo Veneranda, "El jefe se pasea en calzoncillos
por la editorial...", sin aclarar que fui empujado, golpeado y
herido a la mañana, que estuve obligado a quedarme en el
local junto a mi hijo y los siete usurpadores con la ropa que
tenía y que en una noche de calor intenso me levanté, sí, a
orinar en calzoncillos al baño que está en los fondos del local,
lejos de la vista del policía que se encontraba en el hall de
entrada y de la única ocupante mujer, que se encontraba
inmediatamente después. La escena fue tomada
aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del martes
26/01/10, repito, en la editorial que dirijo y que estaba ocupada.
Tanta es la pobreza de la nota y tanto le gustó lo de mis
calzoncillos a Veneranda que en el cierre volvió a mencionarlo.
Debería darle vergüenza. ¿Estará para el Pulitzer? Para
tranquilidad de los directores periodísticos de La Nación que
con tanta probidad han cubierto El Proceso, La Guerra de
Malvinas, el Menemismo, el Megacanje, el Blindaje, etc., mi
mujer me hizo llegar ese mismo martes una bermuda para
"el noni" y mis calzoncillos a pintas perdieron protagonismo.
En horas del día el resto de los empleados procuraba cumplir
su jornada de trabajo, pese a las presiones de adentro y de
afuera. El día viernes 29, frente a la orden de desalojo
dispuesta por la Fiscalía que la policía se disponía a ejecutar,
los ocupantes decidieron, ante la intimación última del
Subcomisario a cargo del operativo, abandonar la editorial.
Lo hicieron en el peor contexto, con las manos vacías, pero
roñosas de tanta mugre desparramada. En años de militante
político (de los que jamás hice ostentación, pese a lo que
dice La Nación) nunca he oído los agravios de la más baja
calaña que los despedidos y los "chicos" del MST, a caballo
de su impotencia, propinaron a los empleados/as, sobre todo
a las mujeres a quienes les dijeron las peores cosas,
arrojándoles incluso preservativos, gel íntimo, etc. Me cuesta
creer cómo se puede cruzar ese límite, cómo se puede
reclamar la "unidad de los trabajadores", cómo se puede hablar
en nombre de grandes revolucionarios humanistas y actuar así.
En el volante en el que convocaron a la solidaridad del barrio
y de las agrupaciones políticas acusaban a la empresa de
pagar con retraso los salarios y de falta de aportes previsionales,
ambas acusaciones, las únicas de carácter "laboral" que se
atrevieron a esgrimir, falsas de toda falsedad. Ni una sola
prueba podrían presentar al respecto.
Catenacio, el delegado, ha hecho circular (y un medio como
La Nación lo ha divulgado con placer y sin ningún tipo de
investigación) rumores sobre el aumento de mi patrimonio
y mis "contratos" con el Ministerio de Educación. No es nuevo
ese recurso que también se utiliza para ensuciar al gobierno
nacional. Resulta paradójico que tanto La Nación como los
panfletos del MST se citen mutuamente para atacar los
negociados del empresario kirchnerista, cartaabiertista,
promotor de la piquetera Milagro Sala, y déspota explotador
de los trabajadores. Quienes pertenecen al gremio saben que
tener una "cadenita de librerías", con locales alquilados, no es
señal de prosperidad hoy día. Ojalá fuera cierto, aunque sea
en parte, lo del incremento de mi patrimonio que, por otra parte,
está peso a peso detallado en mis declaraciones juradas ante
la AFIP; en cuanto al Ministerio de Educación, sí me ha
comprado títulos, como a la mayoría de las editoriales que
publican en el país, a través de licitaciones públicas o compras
directas, repito, igual que a todas las editoriales. También lo ha
hecho durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa
y Duhalde, con quienes es notorio que no tuve mayores
afinidades, a través de concursos nacionales y provinciales,
mucho más importantes que las de ahora (por entonces
teníamos una participación más significativa en el mercado
de los textos que hoy controlan los grandes grupos editoriales).
El actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el que
no comulgo políticamente, también nos compra, como a otras
editoriales. Colihue tiene sin duda un fondo lo suficientemente
amplio y consolidado que nos exime de cualquier aclaración
al respecto (el periodismo serio que se dedique a investigar
podría dar cuenta de ello fácilmente ya que las compras a
todas las editoriales se publican en el Boletín Oficial). Jamás
he usado mis contactos para obtener beneficios individuales
o empresariales. Creo que las convicciones no tienen que ver
con la obtención de prerrogativas, que lo político debe ser
ajeno a las ambiciones de los particulares. En el actual
conflicto, les pedí especialmente a mis amigos y compañeros,
que quisieron interceder, que no lo hicieran; también lo hice
con quienes se ofrecieron a venir a desalojar a los ocupantes
y/o a los que hostigaban desde la puerta. La violencia fue toda
de ellos, de los ocupantes, de mis ex empleados, del SEC,
del MST, etc.
Desde los comienzos del conflicto sobrevoló las asambleas
y los comentarios en boca de los ahora ex empleados y sus
aliados sindicales y políticos, la idea de una cooperativa de
trabajadores que nos desplazase en el control y propiedad
de la empresa. El día que finalizó la ocupación, eso se siguió
voceando como una amenaza. La editorial no tiene deudas
laborales, comerciales, fiscales ni previsionales, fuera de las
corrientes, por lo que la concreción de tal fantasía implicaría
la derogación del Código Civil y de todo derecho existente.
Pese a eso, algunos perdieron su trabajo detrás de esta
"audacia", que sólo es discutible en caso de quiebra y/o
vaciamiento empresario, alentados por algunos "vivos" que,
a izquierda y derecha, se tiraron el lance de quedarse con
una empresa en funcionamiento.
Descubrí por último, gracias a este conflicto, la lógica que
lleva a que en muchas ocasiones se incite a los trabajadores
a formas de lucha que inevitablemente los dejan sin trabajo.
Es muy simple: hay organizaciones y dirigentes que se
financian con la participación en los honorarios de los juicios
por despidos. Si éstos no se producen, no hay honorarios
a repartir. Por eso es que la auténtica pelea ahora es por
ver quién se queda con los eventuales honorarios de los
posibles juicios. Barrionuevo lo había anticipado... Lo dicho
no quiere decir que los ex empleados despedidos sean
inocentes, "...todos somos responsables de lo que los demás
han hecho de nosotros..." (J. P. Sartre)
No dispongo ni del tiempo ni de los recursos para silenciar
las múltiples calumnias que proliferan. Necesito, en cambio,
orientar la escasa energía que me ha dejado este complicado
proceso en levantar la editorial (esta vez no por causas
económicas, como en el 2001), cuyo prestigio ha sido
fuertemente afectado por estas provocaciones. Un "periodista"
de un sitio de Internet incita, en una entrevista con Catenacio,
al público a no comprar libros de Colihue para castigarme,
para castigar este supuesto triunfo del poder y de mis
"influencias", ¿me castigan a mí o a una empresa que por años
ha dado empleo digno a sus trabajadores, oportunidades a
autores argentinos y buenos libros a sus lectores?, ¿de qué
influencias me he valido si no me han ahorrado humillaciones,
destrozos, perjuicios materiales y morales, apoyados en el
accionar del sindicato, de algunas agrupaciones de izquierda,
en las cuestionables decisiones del Ministerio de Trabajo y
en la mirada complaciente -en el momento de los destrozos-,
de la Policía Federal?). Necesito también preservar la confianza
de mis clientes, autores, proveedores, lectores y amigos,
muchos de los cuales me han dado emocionantes muestras
de respaldo.
Lamento profundamente la absoluta ausencia, en este apoyo,
de las instituciones del sector (y de los dirigentes de las
mismas): asociaciones de libreros, de editores (CAL, CAP)
e incluso de la que nos reúne a todos, la Fundación El Libro.
No recibí de ellos ni un mínimo llamado personal. Me es
particularmente doloroso el silencio de la Cámara Argentina
del Libro (CAL), de la que soy, podría decirse, socio vitalicio,
de la que fui consejero en varios períodos, compartiendo
responsabilidades con muchos de los actuales dirigentes.
Parece que mi condición de participante en Carta Abierta,
de simpatizante convencido de las mejores políticas del
gobierno nacional, legitiman a sus ojos las agresiones de
todo tipo que recibí. En contraste, como queda dicho, la
solidaridad que nos expresaron ex empleados, libreros,
editores amigos, corredores y empleados de diversas
editoriales, etc.
Ediciones Colihue, una editorial argentina que se ha ganado
un lugar en la cultura del país a través de casi 30 años de
trabajo constante, sus empleados que la han defendido y
que confían en ella para mantener a sus familias, requieren
de todo nuestro esfuerzo para superar esta deplorable
experiencia.
Lamentablemente, una parte de ese esfuerzo estoy obligado
a dedicarlo a reclamar penal y civilmente a los autores de las
calumnias, injurias y daños, sean estos, grandes medios,
cobardes sitios de Internet, supuestos periodistas e incluso
ex empleados. Lo siento como una obligación insoslayable.
Quedo a disposición de quien desee solicitarme alguna
explicación o aclaración adicional

Aurelio Benito Ramón Narvaja, Director Gerente
Ediciones Colihue s.r.l.
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